El caso de la desaparición Julia Chuñil Catricura continúa sin resolverse ni certezas judiciales, a casi un año desde que la dirigenta mapuche de 72 años fue vista por última vez. La presidenta de la comunidad indígena Putreguel desapareció el 8 de noviembre de 2024 en el sector del predio Reserva Cora N° 1-A, en Máfil, Región de Los Ríos. Su familia interpuso la denuncia por presunta desgracia tres días después y presentó una querella el 8 de diciembre de 2024. Desde entonces, las diligencias se han mantenido, aunque con intensidad variable, sin que los rastreos en terreno o las pericias permitan establecer qué ocurrió.
La causa se encuentra bajo la conducción de la Fiscalía Regional de Los Ríos, con apoyo de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. La investigación durante 2025 ha contemplado la ejecución de búsquedas terrestres y aéreas, trabajos con georradar y rastreos del Servicio Médico Legal (SML) en zonas de interés, además de análisis de tráficos telefónicos. En un punto clave para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Julia Chuñil en julio de 2025, lo que implicó una nueva obligación para el Estado de Chile para redoblar los esfuerzos en la determinación de su paradero y la protección de sus familiares.
Controversias, Filtraciones y Tensiones
El caso ha estado marcado por controversias relevantes. En junio de 2025, peritajes conocidos descartaron que una prenda incautada en diciembre de 2024 tuviera sangre o ADN concluyente de la dirigenta, pues la mayoría de los rastros eran de origen animal. Paralelamente, la familia interpuso acciones judiciales para cuestionar diligencias en su contra, reclamando ser tratada como víctima y no como sospechosa, un tema que escaló hasta la Corte Suprema a fines de junio.
El expediente dio un giro mediático y político durante esta semana de octubre de 2025 tras la divulgación –por parte de familiares y abogadas querellantes– de la existencia de una interceptación telefónica que aludiría a que Julia “fue quemada”. Este antecedente, cuya difusión constituye una filtración, motivó que la Fiscalía Nacional anunciara una investigación reservada y llamara a la cautela pública, afirmando que lo difundido corresponde a una interpretación parcial y que la investigación sigue manteniendo múltiples hipótesis. En respuesta al impacto público de estas revelaciones, diputadas y diputados citaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, a una sesión en el Congreso, mientras el Gobierno solicitó aclarar oficialmente los antecedentes en discusión.
El trasfondo de la desaparición Julia Chuñil se vincula a una disputa territorial en Máfil. La comunidad Putreguel, que ella lideraba, mantiene un conflicto por el uso del predio Reserva Cora N° 1-A desde mediados de la década pasada. En ese contexto, la familia ha denunciado amenazas y hostigamientos previos, y ha señalado al empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter como figura clave del conflicto. Sin embargo, al 03 de octubre de 2025, no existen formalizaciones en su contra ni en contra de terceras personas por la desaparición de la dirigenta, y los organismos persecutores no han confirmado vínculos penales con esos hechos. La diferencia entre lo que sostiene la familia y lo que admite la investigación penal es, por ahora, una de las tensiones centrales del expediente
Con medidas cautelares internacionales vigentes, el seguimiento del caso incluye al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha insistido en el cumplimiento de estándares de debida diligencia y en la necesidad de investigar todas las hipótesis. En paralelo, continúan las diligencias y la revisión de pericias, sin resultados concluyentes que permitan cerrar el caso o confirmar la muerte de Julia.
Al día de hoy, 03 de octubre de 2025, el estado de la información confirma la desaparición de Julia Chuñil el 8 de noviembre de 2024, la existencia de medidas cautelares internacionales y una investigación penal activa en la Región de Los Ríos. También se confirma que están en proceso de verificación los nuevos antecedentes sobre la interceptación telefónica divulgada esta semana. Lo relevante es que no hay personas formalizadas ni hallazgos materiales que establezcan de manera fehaciente su paradero.
El caso tiene un alto impacto social en la Región de Los Ríos y resonancia nacional debido a la trayectoria de Julia Chuñil en la defensa del bosque nativo y los derechos territoriales de su comunidad. El foco de las próximas horas y días estará en la aclaración oficial de los antecedentes difundidos, en los eventuales cursos de acción que adopte el Ministerio Público y en las diligencias que de allí se deriven. La pregunta que recorre territorios e instituciones sigue siendo la misma: ¿dónde está Julia Chuñil?
